Una de sus principales investigaciones involucró la corrupción en el mandato de Rafael Correa.
Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, oriundo de una jurisdicción andina de 6.000 habitantes, desarrolló una popularidad en el periodismo y la crítica al Correísmo, además de ser un gran líder sindical y sin ser el candidato favorito para ganar las elecciones presidenciales en Ecuador, su asesinato conmocionó a todo el país y la opinión publica internacional.
Desde muy joven se vinculó a organizaciones sociales de trabajadores e indígenas, promovido por el entorno donde creció, una comuna rural en el centro-sur del país donde se encargaba de labrar la tierra.
Su carrera comienza como líder sindical en una empresa de hidrocarburos ‘Petroecuador’ donde rápidamente logra sentar las bases de su vida profesional y política.
Se interesó en el periodismo, estudiando la carrera en la Universidad Cooperativa de Colombia y comenzó a trabajar en medios de comunicación como ‘El Universo’ y la revista ‘Vanguardia’ puestos que le dieron la credibilidad en sus investigaciones y forma de contar los hechos sin miedo a ser callado.
Convencido del cambio que podía hacer en la política se unió a ‘Coordinadora de Movimientos Sociales’ una filial del Movimiento Pachakutik, una organización indígena de izquierda en Ecuador.
Una vez dentro de la organización se hizo conocido por ser uno de los principales detractores del gobierno de Rafael Correa.
De investigador a exiliado
Sus investigaciones contra el entonces presidente Correa en casos de corrupción en temas de petróleo, revelando una discrepancia entre los precios reales y los precios facturados por Petroecuador, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y casos de lesa humanidad en incursiones militares.
Villavicencio fue condenado a 18 meses de prisión por injurias contra el presidente, pero este desacató la orden de detención y se refugió en un pueblo indígena en medio de la selva amazónica inaccesible a 204 kilómetros de Quito.
En su refugio seguía publicando investigaciones que involucraban a grandes compañías y políticos del país, lo que llevó a que en 2016 se ordenara nuevamente su captura, orden que Villavicencio volvió a evadir y se exilió en Lima, Perú hasta 2017 cuando Lenin Moreno le permitió regresar a Ecuador.
Su vida Política al regresar del exilio
En 2017, al regreso de su exilio en Perú, siguió realizando investigaciones mientras adelantaba su proceso jurídico por espionaje del cual se liberó en 2018 al ser declarado inocente.
A la par de sus denuncias contra casos de corrupción, Villavicencio fue elegido como asambleísta nacional en 2021 por la Alianza de la Honestidad.
Durante su trayectoria como asambleísta presentó 24 informes que lo condenaron como enemigo del Gobierno y otros asambleístas, con su voto para evitar la destitución de Guillermo Lasso derivando en una convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias para 2023.
Con la vigencia de las elecciones presidenciales, Fernando se lanzó como precandidato político, aún sin quedar validado como tal. Con las elecciones cada vez más cerca, se alía con Andrea González, creando así la dupla Villavicencio-González inscribiendo su candidatura el 12 de junio de 2023.
Por falta de información el CNE no validó la candidatura; sin embargo, para el 20 de junio, la información requerida fue completada aprobando la candidatura para las elecciones presidenciales de agosto.
Las amenazas en su contra y muerte
Villavicencio, afirmó ser amenazado por mafias del narcotráfico de Sinaloa debido a su campaña donde la lucha por las drogas y la mafia eran el principal enfoque. Estas amenazas de muerte, según Fernando fueron hechas por un capo llamado ‘Fito’ a lo que el candidato se mostró convencido que sus propuestas afectan gravemente a dichas organizaciones criminales.
El miércoles 9 de agosto luego de un mitin político en Quito, el candidato fue herido de muerte después de que un atacante le proporcionara tres disparos mientras se subía a su auto para marcharse, en el acto 40 personas fueron heridas.
Este acto fue condenado por el presidente Guillermo Lasso quien declaró una emergencia nacional en todo Ecuador, además de sumarse a la creciente ola de violencia desatada en el país luego de varios atentados y asesinatos políticos en lo que va del año.
