Improcedencia legal, esa fue la razón por la que el fiscal asignado para el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, rechazó la solicitud de la defensa del exmandatario, el abogado Jaime Granados, quien buscaba con esta petición lograr la libertad inmediata de Uribe.
El fiscal Jaimes Durán, quien es el encargado de llevar la investigación que se adelanta contra Uribe por soborno y fraude procesal, anunció que los hechos que estaban siendo analizados en la Corte eran investigados por el viejo código penal, y que ahora tenían que empezar a ser llevados bajo las normas del nuevo sistema penal acusatorio.
Dicha decisión se tomó teniendo en cuenta que los hechos investigados se registraron entre los años 2017 y 2018 y, por ende, son competencia del código de procedimiento penal que entró en vigencia en el año 2005.
Durán aclara que en el nuevo sistema son los jueces de control de garantías, y no los fiscales, los que toman las decisiones sobre la libertad de las personas, y en ese sentido sería un juez quien tendría que resolver la petición de libertad del exsenador Uribe.
«La complejidad de al investigación y la dispendiosa documentación del expediente, exigirá que en los primeros días se haga un estudio del caso para definir un método de tránsito entre los dos sistemas procesales».
Comunicado de prensa de la Fiscalía
Asimismo, se conoció que el voluminoso expediente del exsenador que está en investigación cuenta con 31 cuadernos con 8.676 páginas y 29 anexos con 5.764 páginas, además están pendientes por llegar más de 300 dispositivos con grabaciones, que no alcanzaron a ser copiados para su entrega.
