El aumento del uso de personal militar y armado a lo largo de las fronteras de Perú,
Ecuador y Colombia pone en peligro a los refugiados y migrantes venezolanos. Las
medidas de control migratorio, que pretenden ayudar a prevenir la propagación de
COVID-19, probablemente tendrán graves implicaciones en la capacidad de las personas
para acceder al asilo seguro.
Perú ha desplegado en los últimos días personal armado y militar en las fronteras para
disuadir la «migración ilegal» desde Venezuela. Perú acoge a más de un millón de
refugiados y migrantes venezolanos, muchos de los cuales viven en condiciones
precarias, carecen de un estatus legal y de protección.
Angélica, una venezolana de 29 años, se encuentra bloqueada en Ecuador desde
que se cerraron las fronteras internacionales en 2020.
«Esta semana, cuando estaba en la frontera, los militares nos apuntaron con armas y nos
Angélica al Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).
dijeron que, si seguíamos caminando, dispararían. Nos trataron como criminales y no
tuvieron piedad con nuestros hijos».
El año pasado, Colombia, Ecuador y Perú cerraron sus fronteras y restringieron el acceso
a los refugiados y migrantes en un esfuerzo por frenar la propagación del Covid-19.
Aunque los gobiernos de la región son responsables de proteger a la población contra la
emergencia sanitaria del Covid-19, estas medidas no deben restringir el acceso al asilo y
deben salvaguardar los derechos de los refugiados. Los Estados están obligados a
respetar el principio de no devolución y a garantizar la protección de los venezolanos que
buscan estar a salvo en sus países.
«La Covid-19 sigue amenazando a los más vulnerables de la sociedad, lo que incluye a
Dominika Arseniuk, directora de país de NRC para Colombia, Ecuador y Panamá.
los venezolanos desplazados que viven marginalmente en la sociedad. En lugar de
restringir su derecho a buscar seguridad y solicitar asilo, deberíamos analizar cómo
podemos apoyar a los refugiados vulnerables y garantizar que se les brinde protección».
La reciente ampliación del perímetro de seguridad en torno a las fronteras significa que
quienes intenten cruzar tendrán que atravesar ahora lugares aún más remotos e
inseguros. Las agencias de ayuda humanitaria han alertado de que esta situación
aumentará los riesgos de tráfico, extorsión y violencia sexual y de género para los
refugiados y migrantes vulnerables.
«En medio de una pandemia, no podemos excluir y negar el acceso a personas con
necesidades extremas, sólo en función de su ciudadanía. Los gobiernos de la región
deben garantizar que los refugiados y migrantes venezolanos puedan acceder a la ayuda
humanitaria y a la protección cuando la población lo necesite», añadió Arseniuk.
Redacción: Consejo Noruego para Refugiados.
