Al menos 11 mil personas han sido obligadas a abandonar sus territorios en lo corrido del año, denunció la Defensoría del Pueblo. La entidad reclamó al Gobierno Nacional una política eficaz para atender el desplazamiento forzado que se ha venido presentado en varias comunidades del país.
Este año la población campesina y étnica ha estado expuesta a confrontaciones, amenazas y riesgos de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, como facciones de las disidencias de las Farc, el Eln, Los Caparros y las Autodefensas Gaitanistas, así lo señaló Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
“Se han presentado cuatro hechos de desplazamiento masivo por semana, 16 eventos de desplazamiento intraurbano y 14 desplazamientos masivos rurales, que afectaron a por lo menos a 11.150 personas. Además, han sufrido confinamiento 40 comunidades en Chocó, Cauca y la costa nariñense”.
Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
El defensor afirmó que esto ocurre debido a que estos grupos armados han aumentado su accionar en zonas urbanas como, por ejemplo, el puerto de Buenaventura y otras donde persisten las condiciones de desprotección social.
“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las autoridades para que adopten medidas de disuasión y control de factores de violencia y actores armados que están atentado contra la población civil. También solicitamos la atención humanitaria de emergencia y restitución de derechos para las comunidades desplazadas, por medio de un retorno a sus lugares de origen con suficientes garantías de seguridad”, agregó el funcionario.
Además, Camargo indicó que ya han venido emitiendo alertas tempranas con respecto al desplazamiento forzado en el país, que en total ha afectado a más de cuatro mil familias durante el presente año.
Redacción: Radio Nacional de Colombia.
