Una gran polémica se generó en Colombia, luego de conocerse la noticia que el Gobierno Nacional, por la decisión que tomó el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME, se autorizó la participación de la nación en la reestructuración de Avianca.
Dicha participación se dará por medio de un crédito de financiación que estará bajo la figura de deudor en posesión, el cual está avaluado hasta en 370 millones de dólares y que permitiría a la compañía fondear sus operaciones durante su proceso de reorganización bajo la ley de bancarrotas de los EE. UU.
Ante dicho crédito aprobado la compañía de aerolínea manifestó su agradecimiento:
“Estamos complacidos con el anuncio del Gobierno de Colombia sobre su participación en la financiación DIP de la Compañía y expresamos nuestro agradecimiento por la confianza y el apoyo que este crédito demuestra. Como se reveló el pasado 13 de agosto de 2020, se espera que la financiación DIP de Avianca conste de dos tramos que sumarán aproximadamente USD$1.200 millones de nuevos fondos, como parte de un paquete de financiamiento total de USD$2.000 millones».
Representantes de Avianca
Tras el anuncio tan favorable para Avianca, empezó a tener sus controversias en diferentes sectores del país. Uno de ellos fue el manifestado por la Procuraduría que cuestionó al gobierno por el millonario préstamos.
A través de una carta el procurador general, Fernando Carrillo, hizo una serie de cuestionamientos al presidente Iván Duque sobre esta aprobación. En dicho documento plasmó 18 preguntas con el fin de que explique públicamente, por qué se decidió hacer este préstamo con el dinero que es para la atención de la pandemia a la empresa Avianca.
Algunas de las preguntas realizadas fueron: ¿Cómo garantizará que los dineros se destinen a estos fines, y que esos recursos se puedan recuperar? ¿Cómo determinó el monto del rescate y cuáles fueron los cálculos y proyecciones en que se basó? ¿Estimó su término de duración?”.
El procurador dijo que también es importante que se determine si después de ese millonario préstamo, “¿ofrecerán los accionistas o los acreedores alguna garantía por los dineros que el Estado colombiano va a aportar a Avianca?”.
El funcionario agregó que “cuando el Estado colombiano interviene para salvar a una empresa, debe reiterarse que lo hace para proteger intereses superiores distintos de los de esa respectiva empresa o empresario”.
En ese sentido, Fernando Carrillo señaló que emprender este millonario apoyo sin involucrar a otros países que también se benefician de la operación de Avianca, “puede significar una desproporcionada o excesiva presión sobre la capacidad financiera del Estado”.
