En el volumen titulado ‘Mi cuerpo es la verdad, experiencias de mujeres y personas Lgbtiq+ en el conflicto armado’ de su Informe Final, la Comisión de la Verdad aborda en su primera sección lo sucedido a millones de mujeres durante el conflicto armado colombiano partiendo de una pregunta clave: ¿Por qué el hecho de ser mujeres fue un factor decisivo en las prácticas desplegadas contra ellas por parte de los actores armados?
El documento retrata los testimonios, experiencias y la escucha de millones de voces sobre cómo se agudizaron las violencias cotidianas y las situaciones de exclusión social, cómo esa violencia se agravó durante la guerra, arrasando sus territorios, sus rituales, y atacando sus cuerpos; al tiempo que analiza algunos factores de persistencia del conflicto, la permanencia de violencias ejercidas contra las mujeres y las niñas en los territorios, y cómo las afectaron los distintos actores armados.
Estos son algunos de los elementos más relevantes que presenta el Informe al respecto:
-De más de ocho (8) millones de víctimas de desplazamiento forzado registradas, 4.025.910 eran mujeres, es decir, el 50.1%, siendo el hecho que más reportaron las mujeres a la Comisión de la Verdad.
-De acuerdo con las cifras del Registro Único de Víctimas-RUV-, y el registro de testimonios de la Comisión de la Verdad, las amenazas representaron la segunda victimización más frecuente que vivieron las mujeres en el conflicto armado con el 44,19 %, siendo la violencia más asociada al desplazamiento forzado de las mujeres, especialmente contra las que buscaban a sus familiares desaparecidos o deseaban rescatar a sus hijos reclutados.
-La confrontación armada y el narcotráfico aumentaron el riesgo de violencia: dañar a las mujeres era, muchas veces, una estrategia contra el enemigo, pues debilitaba las relaciones comunitarias y ayudaba a disciplinar moralmente el territorio.
-Muchas mujeres fueron vistas como enemigas por su activismo político, su liderazgo social o el cuidado del medio ambiente.
-Los actores armados comprendieron que controlar los territorios implicaba controlar a las mujeres, control que ejercieron de muchas formas, usando el cuerpo de las mujeres como lugar de conflicto, botín de guerra, fuente de placer, entretenimiento o compensación; como fuerza de trabajo, como espacio para dejar mensajes.
-La violencia sexual fue una forma de control, de castigo, de esclavitud, un incentivo y una recompensa para los hombres por haber arriesgado la vida en batalla.
-En los 10.864 testimonios de mujeres recibidos por la Comisión se hizo patente cómo el conflicto armado afectó de forma desproporcionada a las mujeres y causó en ellas un impacto diferenciado. Esto debido, entre otros factores, a la histórica discriminación estructural que afecta sobre todo a mujeres campesinas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras e indígenas, y a los grupos más vulnerables, que incluyen a viudas o aquellas con ingresos más bajos.
-La discriminación y la subordinación de las mujeres y niñas se agudizaron con la economía de las drogas ilegales; se afianzó la cosificación de sus cuerpos y, en numerosos casos, fueron introducidas en el circuito de la prostitución.
-Aunque las mujeres encontraron un ingreso en las labores que trajo consigo la explotación de la coca, la desigualdad estructural se agudizó, en términos de oficios, pagos y riesgos, lo que reafirmó la subvaloración del trabajo femenino.
-Mediante la presión para entablar relaciones sexuales y sentimentales con integrantes de las FARC-Ep y las AUC, las mujeres se vieron forzadas a vincularse al narcotráfico como informantes o colaboradoras y así terminaron en un riesgo mayor.
-Las mujeres también sufrieron importantes afectaciones a la salud y el deterioro en sus condiciones de vida con intoxicaciones, problemas dermatológicos, abortos, cáncer, muertes tempranas y malformaciones congénitas, generadas algunas por las fumigaciones sobre comunidades, fuentes de agua y cultivos de pancoger, resultando mayormente afectadas las mujeres por sus tareas ligadas al agua, al cuidado, la alimentación, y su mayor permanencia en sus casas y cultivos.
-Para las mujeres negras, afrodescendientes, indígenas y campesinas el Estado colombiano ha potenciado las dinámicas asociadas al desplazamiento forzado y al despojo territorial, por un lado, con una acción deficiente para garantizar derechos de la población rural y las regiones alejadas del país, y por otro, con la promulgación de leyes que favorecen una perspectiva de desarrollo que va en detrimento del buen vivir de los pueblos y alimenta los intereses de los actores que se disputan su control político, económico, social y militar.
-El reclutamiento forzado también fue parte de la realidad de muchas mujeres y niñas que ingresaron a las filas de las guerrillas. La Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Grupo de Análisis de Datos en Derechos Humanos (HRDAG) determinaron que, entre 1964 y 2019, 16.238 niños y niñas se han documentado como víctimas de reclutamiento forzado, de los cuales 12.038 fueron reclutados por las FARC-EP hasta 2019. Del total de reclutamientos documentados, el 15,9 % eran niñas menores de 15 años y el 30,3 % eran mujeres adolescentes menores de 18 años.
-Para las campesinas, el conflicto armado ha conllevado desplazamiento, despojo y abandono de sus lugares de origen, destrucción de opciones de futuro; lo que ha afectado la productividad del campo colombiano, la identidad, la cultura y la territorialidad del campesinado, lo que condujo a que en algunos territorios se reemplazaran sus formas de producción por economías extractivas o por megaproyectos, por ejemplo, la agroindustria de la palma y el banano, en las cuales el paramilitarismo ha tenido un rol activo.
-La Comisión mostró que las violencias sexuales fueron una práctica de todos los actores armados, extendida e invisibilizada durante el conflicto, un delito que también funcionó para castigar y amedrentar a lideresas o a mujeres que formaba parte de organizaciones sociales y comunitarias, o a políticas defensoras de los derechos humanos.
-La Comisión de la Verdad corroboró que el Estado ha sido responsable de agresiones a mujeres en el contexto de la guerra, tanto por las acciones de algunos de sus agentes en zonas de conflicto, como al permitir la desprotección que puso a las mujeres en esta situación de vulnerabilidad.
-De acuerdo con el Informe, las modalidades más frecuentes de desprotección por parte del Estado han sido las dificultades en el acceso a la justicia para mujeres víctimas del conflicto, las demoras y falta de asistencia humanitaria de emergencia, así como la excesiva centralización de la presencia de entidades públicas encargadas de atenderlas.
Redacción: Radio Nacional de Colombia
