Entre trochas y mandos, la frontera colombo – venezolana se convierte en un nido sin ley que robustece el expediente de vulneración de Derechos Humanos. Una anomalía existente de manera contradictoria a los principios fundamentales de los dos países y no menos importante, paradójica a la esencia de las buenas intenciones prometidas por las administraciones de ambos países.
Las disputas entre grupos armados, extorsión, contrabando y homicidio, ha sido visible ante los ojos de ciudadanos desde hace años atrás cuando Venezuela sufrió el fuerte impacto a causa de la inflación, sin embargo, lo que muchos desconocen, lo que otros callan y lo que unos tantos ignoran, son las famosas «casas de pique» que operan debajo del Puente Internacional Simón Bolívar.
En los últimos meses se han reportado la desaparición de varios venezolanos en la línea fronteriza de Villa del Rosario, pero pese a esto, autoridades locales no se han pronunciado.
¿Qué sucede sobre el Río Táchira?
Para Isaac García, líder social de Cúcuta las nuevas medidas de la administración Municipal en su afán por mantener un control migratorio inicia a implementar las mismas estrategias de años atrás. Recoger ciudadanos venezolanos en las calles de la ciudad que no portan su documentación al día y trasladarlos al sector de La Parada. Para Isaac, la cifra de desaparecidos tiene que ver con el proceso que aplica Migración Colombia al dejar a la deriva a los pretendidos a devolver a Venezuela, pues en muchas ocasiones, luego de ser ingresados al camión de la policía, su rastro es perdido por siempre.
Durante su participación en el conversatorio sobre seguridad en el espacio de opinión Mano a Mano, el líder social manifestó que, al ser arrojados al área limítrofe quedan en poder de las bandas criminales que operan en el sector, allí son sometidos a extorsiones que exigen un pago para cruzar la frontera por las trochas ilegales. Además, afirma que se registran violaciones a mujeres, desmembramientos, secuestros y cualquier tipo de violencia a causa de no pagar las cuotas establecidas, que en comparación al valor de la vida humana son insignificantes.
Apoyando las anteriores afirmaciones el reportaje de la revista Semana titulado: ‘Desaparición forzada y terror en la frontera colombo-venezolana‘ afirma que entre los años 2012 y 2019, han sido asesinadas 4.911 personas en la zona de frontera de los cuales de 2017 a 2019, 378 han sido identificados como migrantes.
En la investigación publicada en el mes de mayo de 2020, el Director de la Fundación Progresar Wilfredo Cañizares, afirmó que se han registrado casos de desaparición forzada por no pagar 2 mil pesos que era exigido para pasar por la trocha. También manifiesta que, aunque han sido denunciados múltiples casos de este flagelo ante las autoridades en Norte de Santander, solo han sido condenados 4 personas en los últimos 15 años.
Es el caso de un par de hermanos de ciudadanía venezolana que narró la revista Semana, quienes arribaron en Cúcuta en 2018 buscando mejores oportunidades, pero un día estando en la esquina que correspondía a su lugar de trabajo limpiando vidrios, uno de ellos fue recogido durante un proceso de Migración Colombia y terminó secuestrado en una trocha al lado del puente internacional. Los delincuentes cobraban 800 mil pesos por su rescate, suma que no fue posible pagar, y pese a esto, hoy, años después no se conoce de su paradero o existencia.
La historia que con lágrimas en los ojos relata la cotidianidad que viola los derechos humanos, afirma que los grupos policiales conocen dichos procedimientos. Isaac también defiende que ex funcionarios de la Alcaldía han reconocido que el accionar de la administración local va en contravía de un plan de desarrollo que reconozca al migrante como una persona con derechos.
Por lo tanto, durante el encuentro virtual sobre ‘Seguridad’ se dirigió al Secretario de Seguridad de Cúcuta, Alejandro Martínez, para pedir la aclaración sobre el diálogo con el Gobierno de Venezuela y las medidas que se implementan en materia de migración en Cúcuta, teniendo que las múltiples denuncias en los últimos meses y semanas arrojan la percepción que no existe algún acuerdo bilateral entre Gobiernos y por ende, se dejan en el limbo a los venezolanos que son reclutados en la ciudad.
Por su parte el Secretario de Seguridad de la ciudad, Alejandro Martínez, respondió:
«No es tanto agarrar la gente y llevarla para allá, de hecho migración Colombia lo que hace es asesorar primeramente a los venezolanos que quieran hacer su retorno voluntario, pero también con aquellos que quieren regularizar su estadía en el país.
Alejandro Martínez – Secretario de Seguridad de Cúcuta.
El grupo especial migratorio no es un tema de persecución, es para aquellos que tengan algunos inconvenientes. Se hace la disposición en las autoridades competentes, entre esos existe una conversación entre autoridades venezolanas, para que todos los días hayan unos cupos especiales que permitan el paso de extranjeros al vecino país».
Líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos declaran que la respuesta del funcionario no fue argumentada con la realidad existente. No obstante, Wilfredo Cañizares, comenta que el mismo presidente de la República, Iván Duque conoce la problemática, y así mismo, Fernando Carrillo Flórez Procurador del país, recibió las denuncias en persona.
La solicitud fue presentada en el año 2019 en una reunión privada donde se le pidió que fueran cerradas «las casas de pique» donde se descuartizan personas, lugar que tanto instituciones administrativas, policiales y ciudadanos saben donde se encuentran operando. Pero aunque los argumentos fueron suficientes para recibir atención, ha pasado más de un año y aún no se ha obtenido respuesta.
Fuente: Mano a Mano / Revista Semana
