El informe indica que el asesinato de líderes sociales, el confinamiento y los desplazamientos forzados, han aumentado en el país. En temas de reparación de víctimas y dotación de las tierras, el documento estima que se tardará 43 años indemnizar a todas las víctimas en total y que solo, se está cumpliendo con un 0,08% de lo que se debería estar haciendo al año, para cumplir con la meta de 3 millones de hectáreas entregadas en 12 años a campesinos.
Según la Defensoría del Pueblo, desde la firma del acuerdo final hasta el 30 de Abril de 2020, fueron asesinados 515 líderes sociales en Colombia, donde el 55,7% de estos homicidios se concentra en 5 departamentos: Norte de Santander 6.6%; Antioquia 13,7%; Valle del Cauca 6,4%; Cauca 23,3% y Putumayo 5,6%. Es decir, de los últimos 4 años, el 2020 ha sido el más violento para los líderes sociales en el país.
Frente a la estabilización de los territorios, sólo se está ejecutando al año el 1,52% del presupuesto en los municipios PDET; en reincorporación, el 71,3% de los excombatientes no se encontraba vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno Nacional; y en materia de sustitución de cultivos ilícitos, tomará 139 años para que el total de las familias que optaron por la sustitución concertada cuenten con un proyecto productivo.
Además, hasta el momento solo se han expedido 66 leyes de las 107 requeridas para implementar los Acuerdos de Paz y tan solo 4 han sido tramitados por el gobierno de Ivan Duque.
Los firmantes del informe son: Juanita Goebertus, Angélica Lozano y Wilmer Leal de la Alianza Verde; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Roy Barreras, John Jairo Cárdenas y John Jairo Hoyos, del Partido de La U; Temístocles Ortega y José Daniel López, de Cambio Radical; Carlos Ardila, Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; y Ángela María Robledo, de la Colombia Humana.
