Senadores y organizaciones de la sociedad civil pidieron en un debate de control político en defensa del Páramo de Santurbán a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que se les negara de manera definitiva la licencia que daba vía a proyectos mineros en la zona del páramo por parte de la empresa Minesa.
Por esta razón, ANLA determinó archivar el estudio que presentó Minesa acerca del impacto ambiental por consideraciones técnicas vinculadas al área de influencia, el plan de manejo de riesgos y apreciaciones sobre hidrología e hidrogeología.
Pese a esto, la plenaria del Senado afirma que el archivo del trámite no parecía otra cosa que una estrategia del Gobierno para rodear el proyecto y no una decisión de fondo que niegue proyectos de minería en Santurbán.
Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, declaró que la decisión deja un sabor agridulce, pues según ella, la ANLA debió negar de manera inicial la solicitud y la posibilidad de ejecución este proyecto.
Por su parte el senador Antonio Sanguino denunció que la decisión es una medida temporal, porque es probable que Minesa apele el trámite, o como en pasadas ocasiones sucedió inicie uno nuevo para conseguir la licencia para el proyecto de minería en el páramo.
Otros senadores denunciaron que la decisión de la ANLA es una medida que no da certezas y que solo buscaba bajarle el tono al debate que ya se había agendado esta semana para discutir sobre la protección del Páramo de Santurbán.
¿Por qué no al proyecto de minería?
La plenaria, argumenta que con el proyecto de Minesa se extraerían 67 millones de toneladas de oro generando un fuerte impacto en varias cuencas hidrográficas del país al usar más de 35 mil toneladas de explosivos.
Según ellos, el proyecto estaría planeado para 25 años: 4 años de construcción y 21 de extracción. Iniciativa que solo se ha analizado desde el propio estudio realizado por la misma empresa Minesa, es decir, por parte del Gobierno no se adelantan estudios de afectación sobre hidrología, delimitación o afectación de ecosistemas.
Además se contrapone que aunque el Ministerio de Minas afirma que el proyecto permitirá crecer los beneficios por regalías entre un 6% y un 8%, en 21 años el proyecto solo generarían 1.2 billones de regalías en oro; es decir, 57.000 millones al año.
Denuncias contra el Gobierno
El senador del Partido Liberal, Andrés Cristo, exigió al Gobierno Nacional revisar la reglamentación e informar a los departamentos sobre los posibles daños a causa de la explotación. El senador criticó fuertemente la legislación ambiental Colombiana y afirmó que al ser tan débil genera vacíos en la prevención y evaluación de los daños ambientales de los proyectos.
También pidió que se definiera quién sería el responsable de cubrir los daños que se causen con los diversos proyectos y que la ANLA explique la normatividad por la que se están rigiendo. Recomendó al Ministerio de Ambiente que se encargue de defender y hacer valer las políticas ambientales del país.
Por otro lado, denunció que autoridades ambientales solo han servido de intermediarios de Minesa, cuestionando su capacidad de resolver las solicitudes de los colombianos frente a la explotación minera.
¿Qué responde el Gobierno?
El director general de la ANLA, Rodrigo Suarez, respondió que la decisión de archivar el proyecto se determinó porque la información existente no era suficiente para avalar o negar la solicitud.
«Lo que hemos hecho es transparente, es el resultado de la aplicación de la normatividad».
Rodrigo Suarez – Director General de la ANLA
Suarez afirmó que la entidad está trabajando con la razón y no con el corazón en el estudio técnico de la licencia con un equipo de categoría. También contrapuso que está en desacuerdo con tildar el proceso como poco transparente, pues según él, toda la información ha sido notificada a los involucrados y es pública. Insto a la tranquilidad que la decisión de archivar el proyecto no es una jugada ni una estrategia, sino es el resultado de la implementación y el uso del marco normativo.
Por otro lado, el nuevo Ministro de Ambiente, Carlos Correa, afirmó que es evidente que la ley que prohíbe la explotación y ejecución de actividades mineras en ecosistemas de páramo, a fin de garantizar la sostenibilidad de las comunidades que habitan estas zonas. También explicó que otorgar la licencia es una decisión autónoma de la ANLA y que por lo tanto, estos están tomando la decisión correcta para proteger los páramos del país.
“La protección del recurso hídrico es un derrotero ineludible de este Gobierno. Por eso se negociarán 33 medidas para la protección de este recurso”.
Carlos Correa – Ministro de Ambiente
Fuente: Radio Nacional de Colombia
