Tres inspectores de tránsito en Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario presuntamente lideraban la estructura criminal que provocó un fraude de 12.000 millones de pesos en los últimos cinco años.
Una investigación adelantada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió desarticular una estructura criminal dedicada al descargue y modificación de infracciones de tránsito en Cúcuta y los municipios de Los Patios y Villa del Rosario (Norte de Santander).
La investigación, considerada como una de las más completas en su género, evidenció cómo desde 2016 los delincuentes protagonizaron un fraude superior a 12.000 millones de pesos que dejaron de ingresar a las arcas municipales, gracias a la descarga o alteración de más de 15.000 comparendos en el sistema.
Durante la operación fueron capturadas 12 presuntos integrantes de la agrupación delincuencial: 3 inspectores de tránsito, señalados de liderar las actividades ilegales, 3 abogados asesores, 4 funcionarios de oficinas de tránsito y 2 sujetos que se encargaban de contactar a las víctimas.
La organización era liderada por los 3 inspectores de Tránsito, que se encargaban de acceder al sistema interno Moviliza y el SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito) para registrar de manera fraudulenta los actos administrativos que permitían descargar las multas.
Las víctimas (infractores) eran ubicadas en las afueras de las oficinas de las secretarías de tránsito por unos sujetos o enlaces, que les ofrecían descargar las multas de tránsito de los sistemas o recuperar las licencias de conducción por ciertas cantidades de dinero y todo con apariencia de legalidad.
Los ciudadanos que se interesaban eran contactados posteriormente por integrantes del grupo delincuencial, de profesión abogados. Estos últimos se encargaban de asesorar a las víctimas y de llegar a un acuerdo con los inspectores de tránsito para que los procesos sancionatorios se resolvieran a favor de los ‘clientes’, sin cumplir con el procedimiento establecido.
Dicha alteración de los sistemas también estaba a cargo de unos funcionarios de las oficinas de tránsito, gracias al acceso privilegiado que tenían a las plataformas de registro. En algunos casos, las alteraciones al sistema eran provisionales y las infracciones aparecían nuevamente en el SIMIT meses después, ya que el sistema detectaba los actos administrativos irregulares.
Adicionalmente, los integrantes de la agrupación delincuencial lograban expedir de manera fraudulenta duplicados de licencias de conducción a los infractores, cuando la única manera legal de hacerlo es por deterioro o pérdida. La licencia original quedaba retenida en las oficinas de tránsito como soporte de infracciones, especialmente en casos de detección de embriaguez.
Cobros a víctimas
Por eliminar del sistema o modificar infracciones de tránsito impuestas por embriaguez, la agrupación criminal cobraba entre 1,5 y 4,5 millones de pesos; por descargar una multa impuesta de manera presencial por autoridades de tránsito cobraban a las víctimas unos 180.000 pesos, mientras que el valor por fotomultas ascendía a unos 280.000 pesos.
En la investigación se descubrió el caso de una mujer a la que la organización le cobró 4 millones de pesos por el descargue de 15 fotomultas, cuyo costo era de 8 millones de pesos.
Los 12 capturados están siendo judicializados en Cúcuta por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, concusión, estafa agravada y acceso abusivo a medios informáticos.
Durante la operación se incautaron 10 equipos móviles desde los que presuntamente se efectuaban algunos de los trámites fraudulentos.
Prensa: Policía Nacional.
