El pasado 26 de junio, la Procuraduría Regional autorizó la suspensión provisional de siete miembros que integraban la Mesa Directiva y del presidente ejecutivo de la entidad cameral de la ciudad, los cuales estaban siendo investigados por irregularidades administrativas y financieras.
Esta investigación disciplinaria estuvo relacionada con supuestos aumentos de sueldos injustificados, aumento exagerado del presupuesto y falta de control en el gasto por concepto de viáticos.
A través de un auto del 20 de agosto de 2020, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública manifestó que, revocó dicha suspensión al analizarse temas como la falta de competencia para aplicar las medidas de suspensión bajo la premisa que esta figura única y exclusivamente procede contra los servidores públicos.
Es decir, que el ente de control consideró que:
“Los investigados son particulares que ejercen funciones públicas y en ese sentido no tienen la calidad de servidores público, en consecuencia, los argumentos que en ese sentido expusieron los defensores están llamados a prosperar. Por lo anterior y atendiendo a que los Miembros de las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio no son servidores públicos, ni tampoco lo son sus trabajadores como en el caso del Presidente Ejecutivo, ha de concluirse que la medida de suspensión provisional ordenada por el Procurador Regional Norte de Santander debe ser revocada”.
Olga Lucía Alfonso Velásquez – Procuradora Delegada para la Moralidad Pública,
Asimismo, el órgano de control ordenó a la Cámara de Comercio de Cúcuta, dar cumplimiento inmediato a la decisión anunciada y adelantar todos los procedimientos tendientes a pagar los salarios que dejaron de recibir los funcionarios de la entidad durante el término de su suspensión temporal del cargo.
