La Corte Constitucional se encuentra estudiando la posibilidad de inhabilitar políticamente a Gustavo Petro por solicitud del abogado José Manuel Abuchaibe, quien decidió erradicar una demanda en contra del ex Alcalde de Bogotá y ex candidato presidencial por convocar por medio de sus redes sociales a una desobediencia civil, ademas de rechazar la legitimidad de Ivan Duque como presidente de la Républica.
La polémica surgió luego que el Senador Gustavo Petro en un acto de solidaridad nacional, se pronunciara por medio de sus redes sociales invitando a la ciudadanía a no pagar deudas de servicios públicos, hipotecas o arriendos, frente a las responsabilidades financieras de los Colombianos en medio de la pandemia por el Covid 19.
Más adelante, en una de sus columnas semanales en el medio digital un Cuarto de Hora, titulada Fraude, negó la legalidad de Ivan Duque como presidente de Colombia y a su formula vicepresidencial, cuestionando su transparencia y vinculando su elección con dineros del narcotráfico y con los supuestos pagos de José Guillemo ‘ñeñe’ Hernández.
Colombia Humana no reconoce la legitimidad del actual presidente de Colombia, ni la de su formula vicepresidencial, también hundida hasta el fango en evidentes nexos con el narcotráfico.
Gustavo Petro – Columna Fraude – Cuarto de Hora
Las anteriores declaraciones por parte de Gustavo Petro, fueron determinantes para que Abuchaibe las presentara como argumentos de peso e instaran la muerte política del senador. Su base como demandante fue fundamentada en el Artículo 183 de la Constitución Política de Colombia, donde se expone que los congresistas perderán su investidura: por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.
Ademas de argumentar situaciones de incompatibilidad con el articulo anterior, logró enlazar su demanda con el Artículo 133; donde se precisa que los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.
Es decir, José Manuel en su solicitud manifiesta que este articulo ampara que todos los integrantes que representen a la ciudadanía deben expresarse consultando el bien común y la justicia, respetando su dignidad como senador, interpretando que el senador Gustavo Petro está desacatando dichas obligaciones avaladas en la ley. Por esta razón la pregunta clave en su demanda fue “¿Puede un senador de la República de Colombia irrespetar a las autoridades legítimamente constituidas como lo son el presidente, fiscal, registrador y alcalde de Bogotá, declarando no reconocer legitimidad en el presidente Duque por haber sido elegido por el narcotráfico y solicitando a la comunidad desobediencia civil y dejar de pagar los servicios públicos?”
El senador deberá emitir una respuesta sobre las causales de la acusación, no obstante, hasta ahora inicia el proceso de demanda que se encuentra en estudio, por la sala plena del Consejo de Estado. Dicho resultado podría dejar a Gustavo Petro sin sus derechos dentro del Senado y sin volver a ejercer cargos de elección popular.
La incertidumbre que rodea el panorama es la eficacia en los procesos jurídicos realizados por el abogado José Manuel quien logró también la inhabilidad en el Congreso a Antanas Mockus, ademas de otros fallos a su favor en diferentes casos controversiales del país.
